17. 11 . 2009

Breve historia de SADAIC

Es obvio que SADAIC pretende atravesar la misma puerta que cruzó una vez su gemela SGAE de España y la condujo al podio del oprobio digital, ganándose el dudoso y eterno deshonor de llevar asociado a su nombre, google bombing mediante, el calificativo de “ladrones”.

Hasta 2001, la entidad que supuestamente defiende los derechos de los autores y compositores de música en Argentina ya había sabido forjarse un sólido desprestigio dentro y fuera del país y de la entidad. Era una mala palabra para los músicos a quienes rapiñaba y que a veces hacían tibia mofa de ella y para los autores que debían recurrir a juicios para cobrar sus miserables regalías. La sigla maldita dejó su huella en canciones como “A los jóvenes de Ayer“, de Serú Girán, en una pintoresca alusión a sus directivos, famosos por ser siempre los mismos y, por lo tanto, de avanzada edad. Pero no sólo era impopular entre sus propios socios, sino hasta en el más recóndito rincón de cada ciudad o pueblo, ya que tenían la costumbre -que no  han perdido- de aparecerse en cualquier fiesta a la que no hubieran sido invitados para exigir, planilla en mano y en flagrante violación a los postulados básicos de la jurisprudencia internacional y el respeto por la privacidad de las personas, el pago de una multa,   mientras los pobres con caras de pobres diablos,  sin entender qué delito habían cometido contra ellos celebrando,  tenían que salir a pedir prestado para pagar a esos señores bien vestidos que se marchaban sin saludar y se llevaban, de paso, con la sonrisa torcida de los atropelladores,  henchidos de falsa dignidad y desprecio,  la última botella de vino.

Pero en 2001 se encendió una luz -al parecer falsa- de esperanza, cuando Antonio Tarragó Ros, un músico querido y de conducta intachable, al menos hasta ahí, dijo basta, empezó a ventilar los trapitos sucios -demasiado sucios- de la entidad y narrar, con lujo de detalles, cómo y cuánto se robaba y quiénes lo hacían. El autoproclamado militante acérrimo del chamamé lanzó su sapucai y dijo: “Sadaic está en manos de una estructura administrativa que malversa en beneficio propio los dineros de los socios, y se ha enriquecido en forma desfachatada, casi pornográfica”.

Que las entidades se agremien para esquilmar a quienes dicen defender no es nuevo en nuestro país: la muerte de los sindicatos, cuyos líderes se han vendido a sus antiguos enemigos por unas cuantas monedas, es una muerte tan anunciada e indiscutible como la de la industria discográfica. Se crea o no en la evolución, los incapaces se mueren. Y no está mal morirse cuando llega la hora: es natural. Tampoco está mal no querer morirse: es natural el instinto de supervivencia. Y tampoco está mal, por supuesto, agremiarse. El problema es cuando los responsables de la muerte de una industria pretenden que la sociedad financie sus fastuosas - o pornográficas- exequias.

A casi una década del sapucai embravecido, la bestia vuelve por sus fueros, sedienta de dinero y de sangre nueva. Lejos de ocuparse en cumplir con sus obligaciones, esto es pagar a autores y compositores lo que les corresponde,  viene ahora por los ciudadanos digitales, señalándolos como culpables de su decadencia, y en un intento que mezcla malas costumbres, cara de piedra duran duran, ignorancia supina sobre nuevas tecnologías y una extremada incompetencia, Sadaic y sus primos, tíos y abuelos, como Capif y otros de la misma calaña, pretenden tomar por asalto la web.

Estos organismos están enviando miles de cartas-documento a los propietarios de los sitios web de Argentina acusándolos de delitos que no cometieron e intimándolos a pagar un canon por ello. El gobierno argentino, que ha defendido con tanta vehemencia su Ley de Medios -que incluye a los medios digitales, por supuesto- con el fin de garantizar la pluralidad de voces y la libertad de expresión, según sus entusiastas, no se ha pronunciado y parece no estar enterado de esta maniobra de extorsión masiva. Su definición de “monopolio”, latiguillo de campaña a favor de la ley, parece limitarse al grupo Clarín y no incluir, extrañamente, al monopolio Sadaic.

Los propietarios de sitios web de Argentina deben saber que estas comunicaciones intimidatorias son ilegales, y actuar en consecuencia, asesorándose convenientemente con profesionales del derecho o bien, en caso de no tener esta posibilidad, ignorando las amenazas en virtud de su misma ilegalidad.

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